El sistema de pensiones en México ha adquirido mayor peso dentro del gasto público. En años recientes, una serie de reformas y cambios administrativos han impactado de forma diferenciada a la presión fiscal de largo plazo asociada a este rubro.

Por ejemplo, la reforma de pensiones del 2020 subió las cuotas de contribución para todas y todos los trabajadores privados, lo que mejoró el esquema de fondeo de cuentas individuales, al tiempo que elevó el monto de la pensión mínima garantizada. En conjunto, estos cambios fortalecen el sistema de contribución definida, pero también implican mayores compromisos futuros del Estado.

En 2024, se aprobó una reforma adicional para garantizar una tasa de reemplazo de hasta el 100% a las y los trabajadores con ingresos por debajo del promedio nacional. Este esquema de reparto parcial se financiará con el Fondo de Pensiones del Bienestar hasta 2039. Sin embargo, carece de una fuente de financiamiento permanente y de reglas claras para asegurar la viabilidad intergeneracional del beneficio. A la par, se han registrado expansiones del gasto no contributivo, como la reducción de la edad de pensión para mujeres, y mayores presiones en los sistemas de retiro de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este contexto, la reciente decisión de reducir la edad de jubilación para las y los trabajadores del Estado --incluido el magisterio--, refuerza la tendencia preocupante de un crecimiento de obligaciones sin el respaldo de ingresos permanentes. Garantizar pensiones dignas es una meta legítima; el riesgo es hacerlo sin planificación, pues se genera un desequilibrio estructural que compromete otras prioridades públicas. La expansión de beneficios sin reformas paralelas que mejoren el ingreso público o amplíen la base contributiva es una receta para agravar la fragilidad fiscal (FMI, 2025). De mantenerse la trayectoria actual, el gasto en pensiones desplazará recursos clave para inversión en capital humano, infraestructura económica y social, y resiliencia económica.

Este documento examina estos efectos dentro de un escenario marcado por la dificultad del Estado para sostener simultáneamente los derechos de las generaciones actuales y futuras. Aunque las implicaciones impactan en diversos sectores, ponemos énfasis en la educación por su papel estratégico en la movilidad social y el desarrollo nacional. Un crecimiento del gasto en pensiones sin respaldo financiero suficiente tiende a descuidar inversiones educativas.

Desde la iniciativa Aprender Parejo hemos documentado que el derecho a la educación sigue siendo incompleto para millones de niñas, niños y jóvenes. El lugar y la condición social en la que nacen, condicionan sus trayectorias educativas. Desafíos como las brechas de aprendizaje, el abandono escolar y el estado de la infraestructura educativa, evidencian un sistema que no asegura equidad en las oportunidades.

A través de este análisis, buscamos aportar al debate público sobre las decisiones presupuestales recientes. Ampliar compromisos sin una planificación intergeneracional responsable puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y el derecho a aprender de las futuras generaciones.